Impacto en la Infraestructura Crítica
Los ataques de ransomware en Costa Rica y Colombia han puesto en jaque infraestructuras vitales, afectando a sectores gubernamentales y empresas privadas. En Costa Rica, el ataque de ransomware más destacado fue el de Conti en 2022, que paralizó instituciones estatales como el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A raíz de este incidente, Costa Rica se declaró en estado de emergencia y ha priorizado la adopción de medidas de ciberseguridad más robustas.En Colombia, los ciberataques también han tenido repercusiones en el ámbito público, donde entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Ministerio de Salud han sido víctimas de estas amenazas. Estos ataques no solo comprometen los datos sensibles, sino que también generan desconfianza en la capacidad del gobierno para proteger la información de los ciudadanos.
Respuesta Gubernamental y Políticas de Ciberseguridad
Ambos países han respondido a estos ciberataques implementando nuevas políticas de ciberseguridad. En Costa Rica, se están desarrollando protocolos avanzados para gestionar riesgos, mientras que en Colombia, el gobierno ha lanzado campañas para educar a las organizaciones sobre cómo prevenir y mitigar estos incidentes. Los gobiernos han comenzado a trabajar más estrechamente con el sector privado para mejorar sus defensas, destacando la importancia de la colaboración público-privada.
Inversiones en Ciberdefensa
Tanto Costa Rica como Colombia han comenzado a invertir más en tecnologías de ciberdefensa. En particular, están adoptando soluciones en la nube y automatización para mejorar la detección de amenazas. Costa Rica ha sido un ejemplo regional, adoptando marcos de gestión de riesgos para proteger su infraestructura.
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